Actualidad: noticias y notas de prensa

El Síndic investiga desde hace meses residencias de la tercera edad de Barcelona

27/06/2017

Se ha hecho eco de las denuncias hechas públicas en relación con las carencias tanto en lo que respecta a las instalaciones como a la atención que reciben los usuarios

Ha solicitado información al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Cataluña, de acuerdo con las competencias que la institución tiene asignadas

El Síndic de Greuges ha decidido informar de las actuaciones que tiene abiertas desde hace meses para investigar las condiciones y el servicio prestado en varios centros residenciales para la tercera edad de la ciudad de Barcelona. Rafael Ribó ha explicado el caso a raíz de la denuncia hecha pública por la Plataforma SOS Gent Gran Barcelona y la FAVB en relación con el deterioro de las instalaciones, falta de personal y deficiencias en la atención a las personas residentes en los centros.

Esta denuncia se refiere a centros de titularidad pública gestionados por una unión temporal de empresas (UTE) formada por OHL-Servicios Ingesan y Asproseat. Las deficiencias en la gestión afectan a diferentes aspectos de los servicios prestados, según cada centro.

Las carencias denunciadas al Síndic por familiares de usuarios de varios centros residenciales de la ciudad de Barcelona se refieren a problemas con la atención a los residentes, la limpieza de las instalaciones, la calidad de la alimentación y una dieta poco equilibrada. También denuncian escasez de material necesario (como grúas adecuadas, toallas, cubiertos), el mal estado de algunas instalaciones y del mobiliario, problemas con los suministros de medicamentos, ratios de personal insuficientes y largas listas de espera, entre otros.

Desde el mes de enero de 2017, el Síndic ha recibido siete quejas presentadas por familiares de usuarios sobre algunos aspectos relacionados con la falta de atención a las personas mayores residentes en servicios residenciales. Actualmente estas quejas se están tramitando. El Síndic ha solicitado información al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Cataluña, de acuerdo con las competencias que la institución tiene asignadas.

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El Síndic propone medidas terapéuticas y educativas para proteger y recuperar a los adolescentes tutelados y privados de libertad

27/06/2017

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Conmemora el Día de las Víctimas de la Tortura con una Jornada sobre la garantía de derechos en el sistema de justicia juvenil

El sufrimiento y las necesidades de los jóvenes en esta situación centran la conferencia principal, a cargo del psicólogo clínico Mark Dangerfield 

El Síndic de Greuges de Cataluña ha conmemorado este lunes, 26 de junio, el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura con una jornada dedicada a los derechos de los adolescentes tutelados y privados de libertad. El acto ha abordado las carencias del sistema para alcanzar el doble objetivo de proteger y recuperar los jóvenes. Carencias derivadas de la insuficiencia de políticas preventivas, de acompañamiento socioeducativo y de apoyo psicológico y emocional para hacer frente a situaciones y dificultades que presentan algunos adolescentes y sus familias.

La jornada ha tenido lugar en la sede del Síndic, con la participación, como moderadora, de la profesora titular de Victimología y miembro del Consejo  Asesor del MCPT del Síndic de greuges Noemí Pereda. Mark Dangerfield, psicólogo clínico en el  Instituto Universitario de Salud Mental de la Universidad Ramon Llull, ha pronunciado la conferencia marco dedicada a los sufrimientos y las necesidades de los adolescentes que se encuentran en esta situación.

El encuentro ha tenido como objetivo aportar reflexiones de profesionales sobre cómo debe ser la intervención, educativa y terapéutica, para garantizar la recuperación de los adolescentes, desde el acompañamiento y el apoyo, y su adquisición de competencias y autonomía para su transición a la

El Síndic de Greuges de Cataluña ha conmemorado este lunes, 26 de junio, el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura con una jornada dedicada a los derechos de los adolescentes tutelados y privados de libertad. El acto ha abordado las carencias del sistema para alcanzar el doble objetivo de proteger y recuperar los jóvenes. Carencias derivadas de la insuficiencia de políticas preventivas, de acompañamiento socioeducativo y de apoyo psicológico y emocional para hacer frente a situaciones y dificultades que presentan algunos adolescentes y sus familias.

 

La jornada ha tenido lugar en la sede del Síndic, con la participación, como moderadora, de la profesora titular de Victimología y miembro del Consejo  Asesor del MCPT del Síndic de greuges Noemí Pereda. Mark Dangerfield, psicólogo clínico en el  Instituto Universitario de Salud Mental de la Universidad Ramon Llull, ha pronunciado la conferencia marco dedicada a los sufrimientos y las necesidades de los adolescentes que se encuentran en esta situación.

El encuentro ha tenido como objetivo aportar reflexiones de profesionales sobre cómo debe ser la intervención, educativa y terapéutica, para garantizar la recuperación de los adolescentes, desde el acompañamiento y el apoyo, y su adquisición de competencias y autonomía para su transición a la vida adulta.

El síndic, Rafael Ribó, quien ha presentado el acto, ha insistido en que estos jóvenes deben ser tratados como adolescentes con plenitud de derechos, atendiendo a que la Convención de Derechos del Niño es plenamente aplicable, así como todos los protocolos e instrumentos de derechos.

La adjunta para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, Maria Jesús Larios, ha concluido la Jornada con el compromiso de continuar trabajando sobre este asunto a partir de las conclusiones surgidas.

El MCPT (Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura), en su tarea de prevención de maltratos, visita regularmente centros donde viven adolescentes −tutelados por la Administración y/o sometidos a una medida penal−, quienes, debido a sus vivencias y trayectorias, acumulan experiencias vitales que inciden en su comportamiento, en sus conductas, a menudo auto y heterodestructivas, que en algunos casos culminan en el rechazo a la intervención y en continuas fugas y otras dificultades.

El síndic, Rafael Ribó, quien ha presentado el acto, ha insistido en que estos jóvenes deben ser tratados como adolescentes con plenitud de derechos, atendiendo a que la Convención de Derechos del Niño es plenamente aplicable, así como todos los protocolos e instrumentos de derechos.

La adjunta para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, Maria Jesús Larios, ha concluido la Jornada con el compromiso de continuar trabajando sobre este asunto a partir de las conclusiones surgidas.

El MCPT (Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura), en su tarea de prevención de maltratos, visita regularmente centros donde viven adolescentes −tutelados por la Administración y/o sometidos a una medida penal−, quienes, debido a sus vivencias y trayectorias, acumulan experiencias vitales que inciden en su comportamiento, en sus conductas, a menudo auto y heterodestructivas, que en algunos casos culminan en el rechazo a la intervención y en continuas fugas y otras dificultades.

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La Generalitat quiere materializar la recomendación del Síndic de garantizar el acceso a las listas de espera de las residencias de la tercera edad financiadas con fondos públicos

23/06/2017

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Desde el año 2005, en el marco de diferentes actuaciones, el Síndic ha alertado acerca de las dificultades para acceder a los servicios residenciales para la tercera edad y sobre las largas listas de espera.

El Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias ha aceptado las sugerencias del Síndic de garantizar el acceso a la información sobre las listas de espera de las residencias para la tercera edad. Concretamente, desde su Dirección General de Protección Social se ha informado al Síndic que se está trabajando para que, desde la web del Departamento se puedan conocer los recursos diurnos y residenciales para la tercera edad, su disponibilidad, así como la lista de acceso y los movimientos que se producen en los diferentes territorios de Cataluña.

En cuanto a los criterios de priorización de los ingresos en servicios residenciales, el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias explica que en su página web consta publicado el modelo de informe que deben presentar los servicios sociales básicos a la hora de priorizar las demandas de ingreso residencial en un recurso para la tercera edad.

Desde el año 2005, en el marco de diferentes actuaciones, el Síndic ha alertado acerca de las dificultades y las largas listas de espera en el acceso a las plazas de servicios residenciales para la tercera edad, financiadas con fondos públicos.

Tras investigar de oficio la gestión de las listas de espera y del proceso de asignación de las plazas, en el año 2015 el Síndic trasladó unas primeras consideraciones al entonces Departamento de Bienestar Social y Familia. En concreto sugería establecer expresamente los criterios objetivos de priorización de ingreso a los recursos residenciales y dotar a las personas interesadas en estos recursos de un mecanismo de acceso a la información y consulta sobre el estado de las listas de espera. Este sistema debería permitir consultar el nombre del recurso o de los recursos en que las personas están inscritas y el lugar que ocupan en cada momento en cada una de las listas de espera, respetando, en todo caso, la confidencialidad de los datos personales de las personas interesadas.

Más adelante, sugirió permitir la consulta de los movimientos de estas listas y también las motivaciones de las decisiones en todos aquellos casos en que se apliquen criterios de priorización para acceder a los servicios.

Actualmente se está analizando cual sería el impacto económico de la implementación de este sistema de información.

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El Síndic de Greuges de Cataluña defiende en Madrid el derecho a la libertad de expresión de opiniones y muestras de disidencia política

22/06/2017

Presentación en Madrid del Informe Retrocesos en materia de derechos humanos: libertad de expresión de los cargos electos y separación de poderes en el Reino de España

Rafael Ribó presenta en el Círculo de Bellas Artes un informe en que alerta del desgaste democrático que la judicialización de la política está causando en España

Defiende que las medidas penales por conflictos políticos contra cargos electos se limiten a situaciones de violencia o verdadero riesgo para la integridad del Estado

Constata que la Sentencia 42/2014 del Tribunal Constitucional significó el punto de partida a la hora de atribuir efectos jurídicos a una resolución parlamentaria de impulso político

Alerta de que el abuso del derecho penal en la esfera social y política, como en el caso de los titiriteros o en el de Cassandra en las redes sociales, conlleva una agresión a la libertad de expresión y una regresión del derecho a ejercerla.

Recuerda que el relator especial de la ONU evidencia que el Estado español no ha afrontado el pasado ni ha hecho suficiente justicia en materia de memoria democrática

El Síndic de Greuges de Cataluña ha presentado este jueves 22 de junio de 2017 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el informe monográfico Retrocesos en materia de derechos humanos: libertad de expresión de los cargos electos y separación de poderes en el Reino de España. Además del síndic, Rafael Ribó, han intervenido el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín y la profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III, de María Eugenia Rodríguez Palop.

También han participado Joan Vintró, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, y David Bondia, presidente del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña. Ambos han colaborado en la redacción del informe junto con el profesor de la Universidad de Barcelona, Joan Queralt y, puntualmente de José Maria Mena, ex fiscal jefe de Cataluña. La periodista Margarita Sáenz-Díaz Trias ha presentado el acto y moderado el turno de palabra.

El informe, que ya se presentó en Cataluña el pasado 29 de mayo en un acto celebrado en el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), expone la regresión en materia de derechos que está ocurriendo en el Estado español, así como la instrumentalización política que se está haciendo del poder judicial.

El documento destaca que las manifestaciones de alerta por los retrocesos en derechos, impropios de un estado de derecho, han traspasado el ámbito estatal y han llegado a organismos internacionales, como el GRECO, la Comisión de Venecia y el relator de las Naciones Unidas, que han pedido reformas para garantizar la separación de poderes.

El informe denuncia la instrumentalización del poder judicial por parte del Gobierno español, especialmente evidente frente al conflicto político de los últimos años con las instituciones catalanas. En este sentido, recomienda que se vuelva a la jurisprudencia constitucional tradicional anterior a la Sentencia 42/2014 del Tribunal Constitucional, en que las resoluciones parlamentarias de impulso político no tenían efectos jurídicos y no eran impugnables jurisdiccionalmente.

A partir de aquí, se destaca que la reforma del Tribunal Constitucional impulsada en el año 2015 por el Partido Popular se ha convertido en uno de los máximos exponentes de la desdibujada separación entre poderes en España, puesto que otorga potestad sancionadora al TC. Esta fórmula es prácticamente desconocida en derecho comparado, tal y como ha puesto de manifiesto la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, la cual ha criticado con claridad que el TC pueda llegar a decidir la separación de cargos electos.

En opinión del Síndic, la influencia que tiene el ejecutivo sobre la Fiscalía también se ha puesto de manifiesto en los procedimientos judiciales dirigidos contra políticos por actos realizados en el ejercicio de sus funciones.

El informe presentado por el Síndic también denuncia el abuso de la vía penal en supuestos casos de delitos de incitación a la violencia y al odio o por hacer apología del terrorismo. En cuanto a este último supuesto, el Síndic expone ejemplos como el de los titiriteros de Madrid o el de la tuitera  Cassandra, condenada por hacer chistes del atentado en que murió Carrero Blanco. Según el Síndic, es necesario revisar la legislación vigente y la doctrina jurisprudencial para conseguir un perfecto equilibrio, con una especial atención a las redes sociales, entre los delitos de odio y apología del terrorismo y la libertad de expresión.

En cuanto a las iniciativas penales contra cargos electos vinculados al delito de desobediencia y la libertad de expresión el Síndic propone buscar interpretaciones posibles orientadas a evitar el recurso a la vía penal. Las medidas contra personas individuales, especialmente cuando ocupan un cargo electo, se deberían limitar tanto como fuera posible a escenarios de violencia, tumultos y, en general, a un verdadero riesgo para la integridad del Estado. Además, defiende la posibilidad de establecer que los imputados que voluntariamente no quieran comparecer puedan notificarlo al juzgado, de manera que este pueda continuar con las actuaciones y la instrucción sin necesidad de practicar una detención.

Frente a hechos como la revelación de conversaciones con contenido conspirador entre el entonces ministro del Interior y el anterior director de la Oficina Antifraude de Cataluña, tema sobre el que el Síndic abrió una actuación de oficio, recomienda que el Gobierno y las instituciones del Estado adopten todas las medidas para investigar lo sucedido, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan en el ámbito político y penal.

También se hace referencia al Informe del relator especial de la ONU, Pablo de Greiff, sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no-repetición, en que constata que el Estado español no ha afrontado el pasado ni ha hecho la justicia suficiente en materia de memoria democrática.

Según de Greiff, los vacíos más grandes se manifiestan en cuanto a la verdad y la justicia. "No se estableció nunca una política de estado en materia de verdad, no hay información oficial, ni mecanismos para aclarar la verdad". En este sentido, el Estado debe mostrar un compromiso decidido para dar plena vigencia a los derechos de las víctimas de violaciones manifiestas de normas internacionales de derechos humanos.

El documento también manifiesta que el aparente deterioro de la calidad democrática no es privativo de las instituciones del Estado. Así, a principios de 2017 el Síndic ha abierto dos actuaciones de oficio a raíz de las declaraciones, como mínimo desafortunadas, de cargos políticos catalanes en que se insinuaba que el Gobierno disponía de datos personales de la ciudadanía o se animaba a los funcionarios a dar apoyo al ex-presidente Mas.

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El Síndic critica la falta de planificación de las obras de los Jardines de la Rambla de Sants y reclama un nuevo diseño

21/06/2017

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En algunas viviendas se produce una vulneración flagrante del derecho a la intimidad y a la seguridad

El Ayuntamiento de Barcelona tenía conocimiento de la proximidad de los inmuebles desde la fase de estudio y redacción del proyecto de urbanización

El Síndic de Greuges está esperando la respuesta del Ayuntamiento de Barcelona a las recomendaciones que le hizo a principios del mes de abril de 2017 respecto a los Jardines de la Rambla de Sants. En concreto, se trata de sugerencias dirigidas a reparar la problemática generada por el proyecto escogido para urbanizar los accesos a la Estación de Sants de Barcelona. El proyecto mencionado, que se inauguró en el mes de agosto de 2016, es un corredor aéreo situado a tan sólo dos metros de algunas viviendas, las cuales han quedado totalmente expuestas y al alcance de los peatones que transitan por dicho corredor.

Frente a las quejas de los vecinos se ha optado por instalar una jardinera con una plantación de buganvillas, que llegará a formar una pantalla vegetal densa que protegerá los balcones más próximos a la nueva rambla. El Síndic desconoce la opinión de las personas afectadas hacia esta solución o cuáles son las medidas que ellos podrían considerar adecuadas y suficientes para garantizar su intimidad, y al mismo tiempo no perder luz y vistas. El Síndic considera, sin embargo, que se requieren actuaciones más intensas por parte de la Administración, e incluso, un nuevo planteamiento del diseño y la ordenación actual de la rambla.

En este sentido, Rafael Ribó critica que ni en la fase de ejecución de las obras ni en la fase de diseño de la rambla, parece que se tuvo en consideración la situación existente para evitar la problemática actual de vulneración y pérdida de la intimidad de las personas y los domicilios.

De momento ha reclamado medidas inmediatas para garantizar la intimidad y seguridad de los vecinos afectados, derecho que en algunas viviendas, como las ubicados en el edificio de la Rambla de Badal 120-122, son vulnerados de manera flagrante. En otros casos, se produce una pérdida de la intimidad de las personas y domicilio, en diferentes grados en función de la distancia entre la rambla y las viviendas.

Desde la inauguración, los vecinos de las calles de Burgos y de Antoni de Capmany iniciaron protestas.

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