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Diversas organizaciones empresariales catalanas piden la intervención del Síndic de Greuges porque consideran que la reforma del peaje eléctrico discrimina y perjudica a las empresas catalanas

02/06/2017

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Denuncian que el cambio de tarifa energética no se ha aplicado en el tramo de tensión de 25kv, decisión que conlleva un sobrecoste estimado de 200 M de euros anuales para las empresas industriales catalanas.

En su reclamación al Síndic, argumentan que el encuadre de 5.800 compañías (3.277 catalanas) en un tramo que no les corresponde es una incoherencia regulatoria

La Cecot, el CEDAC, la Confederación Catalana de la Madera y la Federación Empresarial del Metal consideran que la decisión es únicamente de carácter político, que afecta a la competitividad de las empresas y es contraria a la unidad de mercado

La patronal Cecot, el Consejo de Empresas Distribuidoras de Alimentación de Cataluña, la Confederación Catalana de la Madera y la Federación Empresarial del Metal han presentado este viernes 2 de junio una queja en el Síndic de Greuges de Cataluña respecto a la reforma de los peajes en las líneas de distribución de tensión. 

Las mencionadas organizaciones denuncian que la reforma excluye, sin razones objetivas o técnicas, a 3.277 empresas catalanas presentes en redes de 25 kV de tensión. Según su parecer, se han utilizado criterios políticos en una decisión que tiene un importante impacto sobre la competitividad de la industria catalana y es contraria a la unidad de mercado. 

Los afectados argumentan que en el acuerdo logrado entre PP y PNB para los Presupuestos del Estado, el Gobierno se compromete a englobar las tensiones de 30 a 36 kW en la tarifa 6.2 a partir de en 2018. Esto supone que las empresas situadas en Andalucía, País Vasco, Navarra, Castilla y León, Cantabria o Asturias puedan beneficiarse de la reducción de tarifa energética y se equiparen a las empresas situadas en comunidades como Madrid.

La decisión de no incluir en el acuerdo a las empresas que están en redes de 25kV mantendrá el sobrecoste aproximado de 200 M de euros al año para 3.277 empresas catalanas, que ahora se han quejado al Síndic. Rafael Ribó ha avanzado que trasladará la reclamación con las consideraciones oportunas a los defensores del pueblo español y europeo. También planteará el tema en el marco de la jornada que ha organizado junto con la red de defensores europeos de la energía (NEON) que tendrá lugar en Barcelona el 16 de junio.

Sobre la Plataforma kV25/30 contra la discriminación tarifaria eléctrica

Algunas asociaciones empresariales como SEA, Grupo ASNO, FEAF y entidades como Desarrollo Protección Ambiental, Metro Bilbao y Transportes Metropolitanos de Barcelona, crearon en el año 2016 la plataforma kV25/30. Su objetivo era defender los intereses de casi 6.000 empresas, que exigen un cambio regulatorio que les permita situarse en la tarifa eléctrica que les corresponde, evitando así un sobrecoste.

El pasado 28 de febrero los responsables de la Plataforma energética kV25/30 comparecieron ante la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Senado para explicar la discriminación tarifaria por la que se veían afectadas 5.800 empresas del territorio nacional, empresas consumidoras de energía en Alta Tensión, discriminación que suponía un sobrecoste de 350 millones de euros anuales.

Incoherencia regulatoria

En su reclamación al Síndic, argumentan que el encuadre de estas 5.800 compañías en un tramo que no les corresponde es una incoherencia regulatoria.

El problema se remonta al año 2008 cuando se modifica el “Reglamento de Líneas”; y las redes de 25 y de 30 kV, clasificadas de 2ª categoría, y que pasan a pagar como de 3ª categoría. Para los responsables de la kV25/30, una solución fácil pasa por un cambio de normativa, de tal forma que las redes de 25 y 30 kV se trasladen al nivel de tensión de 2 de la “tarifa”, en concreto a la tarifa 6.2. 

Número de empresas afectadas 

Catalunya: 3.277 (56,50%)

Andalucía: 966 (16,66%)

País Vasco: 790 (13,62%)

Extremadura: 365 (6,29%)

Aragón: 290 (5,00%)

Navarra: 42  (0,72%)

Castilla y León: 33 (0,57%)

Cantabria: 17 (0,29%)

Asturias: 11 (0,19%)

Murcia: 6 (0,10%)

Castilla - La Mancha: 3 (0,05%)

Total: 5.800

(Información elaborada por la plataforma kV25/30)

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